Acta Académica, 73, Mayo 2024, ISSN 1017-7507
Aciertos y pendientes del movimiento comunal costarricense frente al Bicentenario Successes and pending of Costa Rican communalism on the way to Bicentennial
Rolando Bolaños-Garita*
Resumen:
Desde el 7 de abril de 1967 existe una normativa que no solo da vida al comunalismo costarricense, sino que trae a la vida a la plataforma administrativa –con base en una estructura orgánica generada según criterios de regionalización de los servicios y la presencia territorial sin distingos geográficos– que soporta e impulsa dicha asociatividad para el desarrollo autónomo-comunal pero que, igualmente, presenta retos latentes para lograr una mejor gestión y potenciar los programas que impacten en la mejor calidad de vida de ciudadanos(as) y habitantes del país, sea en los campos de la educación, salud, infraestructura, rescate cultural, resguardo ambiental, entre otros. La investigación llevada a cabo –de corte cualitativo-descriptivo, basada en la Teoría Fundamentada y empleando las técnicas del análisis documental– resulta en un subproducto de nuestro trabajo investigativo en la ECA/UNED.
Palabras clave: DINADECO - DESARROLLO COMUNAL - REGIONALIZACIÓN - PROGRAMAS COMUNALES - AUTO-DESARROLLO.
Abstract:
Since April 7, 1967, there has been a regulation that not only allows Costa Rican communalism, but also brings to life the administrative platform –based on an organic structure generated according to regionalization of services and territorial presence criteria, and without geographic distinctions– that supports and encourages this association for autonomous-community development, but that, likewise, faces latent challenges to achieve better management and promote programs that impact in citizens life style like education, health, infrastructure, cultural rescue, environmental protection and others. The research –of a qualitative-descriptive nature, based on Grounded Theory and using the techniques of documentary analysis– is a by-product of our research work at ECA/UNED.
Keywords: DINADECO - COMMUNAL DEVELOPMENT -
REGIONALIZATION - COMMUNITY PROGRAMS - SELF-DEVELOPMENT.
Recibido: 16 de noviembre de 2023
Aceptado: 26 de abril de 2024
Introducción
Objetivo investigativo
El objetivo primigenio de la iniciativa autorizada por la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA), en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con la numeración P2020-002, se dispuso de la siguiente forma: Analizar la importancia y trascendencia de las Asociaciones de Desarrollo Comunal en el entorno socioeconómico nacional conforme las facultades que le otorga la Ley sobre desarrollo de la comunidad 3859. A partir del mismo, resultó imprescindible, por correlato, auscultar la instancia pública referida a dichos grupos comunales, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), y su capacidad organizativa para el desarrollo comunal.
Diseño y técnicas aplicadas
El diseño logrado a partir de la recolección y análisis de los datos fue la Teoría Fundamentada; esto, a falta de un esquema teórico sólido respecto a los grupos sociales denominados Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC) –los cuales vivifican el denominado movimiento comunal o comunalismo1–, su base jurídica, verbigracia, la Ley sobre desarrollo de la comunidad 3859 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 26935-G), e incluso, sobre la institución pública destinada a ser impulsora, reguladora y fiscalizadora de dicho movimiento social y del desarrollo surgido al amparo de este.
Por otro lado, se emplearon las técnicas de análisis documental para las fuentes (físicas o electrónicas) que trataban sobre términos claves como DINADECO y desarrollo comunal, para luego abordarlas mediante el análisis de contenido. Como principal limitación se tiene que, a pesar de que DINADECO ha logrado más de 50 años de existencia, no cuenta con biblioteca o reservorio documental que concentre, al menos parcialmente, los documentos, investigaciones, libros, monografías, material educativo, notas periodísticas, material audiovisual u otros, que durante más de cinco décadas se han producido desde o en referencia a la institución, como tampoco sobre las ADC. Se pierde así la oportunidad de ahondar en la vida institucional del comunalismo costarricense a través de fuentes primarias de información.
Desarrollo
La estructura organizacional de DINADECO
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) data de 1967, al emiterse la Ley sobre desarrollo de la comunidad 3859, instituyéndola como la instancia responsable de propulsar un nuevo movimiento social autóctono conocido en lo consiguiente como comunalismo, el cual, es logrado por conducto de agrupaciones ad honórem de las personas vecinas de una determinada área geográfica denominadas Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC) que, en primera instancia, pueden constituirse en Asociaciones de Desarrollo Específicas (ADE) (tendientes a solventar una necesidad específica y, por consiguiente, propensas a desaparecer una vez cumplido su cometido), o bien, en Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) (mismas que perduran en el tiempo, por cuanto se dedican a solventar la serie de carencias comunales del momento pero también de todas las que surgieran posteriormente, sea en el ámbito de infraestructura vecinal, salud, educación, ambiente, generación de empleo, u otro.).
A su vez, las ADC pueden agruparse a nivel cantonal, logrando así una Unión Cantonal de ADC, a nivel regional por medio de una Federación de Uniones Cantonales de ADC y, finalmente, en una o varias Confederaciones que aglutinen a las Federaciones. Nótese, entonces, que esa forma de organización piramidal pretende un verdadero protagonismo de las comunidades, a través de una participación ciudadana que inicie en lo cantonal, pero con cobertura nacional. En otras palabras, que se logre un efectivo desarrollo regional y no una concentración de recursos y un progreso exclusivamente capitalino. Esta clase de desarrollo fue interpretado en su momento por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES, 1976) como: “… un aumento en el bienestar de la región expresado por indicadores tales como el ingreso por habitante, la disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus sistemas legales y administrativos” (p. 53).
Al reconsiderar la naturaleza jurídica y social de DINADECO, se denota que la misma resulta consustancialmente regional, por cuanto sus servicios de atención a la dirigencia comunal comprenden todo el territorio costarricense. De ahí que, desde sus inicios, presentara una estructura organizacional que tuviese presencia en todos los cantones del país. Esta segmentación fue primeramente con base en criterios geográficos rudimentarios, estableciendo únicamente zonas, sedes y subsedes sujetos a un Departamento de Promoción (Cayetano, 1989, p. 63).
Luego, la estructura administrativa fue más extensa, por ejemplo, cuando producto de una nueva orientación se incluyeron cinco pilares fundamentales bautizados como Los cinco pilares del Desarrollo Comunal, que según Jiménez y Obando (1994) comprendían: autodiagnósticos, proyecto social-productivos, formación de promotores comunales, educación comunal a niños y adolescentes y, comunicación alternativa.
Empero, también se han atravesado periodos de modelización de su estructura por motivos que no fueron precisamente el apoyo a la dirigencia comunal en sus propios territorios, sino, las aparentes intenciones de un cierre técnico durante el periodo 1994-1997. Intenciones que no terminaron por materializarse, aunque sí causaron estragos, como la disminución del 74% del funcionariado, pasándose de 207 a 54 y a una estructura organizacional achicada.
Aquel estrangulamiento funcionarial devino en una revisión de las verdaderas posibilidades institucionales para apoyar a las ADC; revisión que no hacía eco de lo acontecido y se parapetaba (DINADECO, 1998) en una tecnicidad que proponía:
· Desconcentración de los principales programas y servicios institucionales.
· Mejoramiento de los servicios a las organizacionales comunales motivando la participación de estas en la formulación del Plan de Trabajo Institucional.
· Capacitación del recurso humano para asumir las nuevas funciones.
· Fortalecimiento de las áreas estratégicas y los servicios sustantivos de la entidad (legal, registro, capacitación y auditoría).
· Eliminación de unidades operativas que habían perdido vigencia.
· Fusión de unidades afines o complementarias en sus tareas y responsabilidades.
Finalmente, a partir del año 2007 se le dota de una nueva figura organizacional, como primer paso en el intento de reverdecer el apoyo gubernativo hacia las comunidades, fortaleciendo la regionalización de los servicios dentro del territorio nacional, tal y como se muestra en la Figura 1 y en el listado cantonal subsiguiente. Asimismo, se amplió la cantidad de plazas a disposición, contándose para finales del 2021 con un total de 143 puestos.
Figura 1
Distribución regional de DINADECO en el territorio nacional
Nota: Contraloría General de la República (2017).
Región Metropolitana: Cantón Central de San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alauelita, Vásquez de Coronado, Acosta, Tibas, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat y León Cortés.
Región Central Occidental: Cantón Central de Alajuela, San Ramón, Grecia, San Mateo, Atenas, Naranjo, Palmares, Póas, Orotina, Alfaro Ruiz y Valverde Vega.
Región Central Oriental: Cantón Central de Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco.
Región Heredia: Cantón Central de Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo y Sarapiquí.
Región Chorotega: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.
Región Brunca: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores.
Región Huetar Atlántica: Cantón Central de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo.
Región Huetar Norte: San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso.
Región Pacífico Central: Cantón Central de Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Aguirre, Parrita y Garabito.
Los aciertos: Programas logrados a partir de la estructura de DINADECO
En lo consiguiente, se incluye un muestrario de los programas en que ha participado o impulsado DINADECO a lo largo de su existencia, en sintonía con el espíritu de apoyo que la Ley 3859 le impone hacia el movimiento comunal.
Comités Tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia
Los artículos 181, 182 y 183 del Código de la niñez y la adolescencia, Ley 7739, disponen, respectivamente, la creación, funcionamiento y financiación de los comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia (CT) como órganos de las ADC. Financiamiento aquel de carácter colateral por medio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ya que, la Procuraduría General de la República, en su Dictamen C-130-99, concluyó lo siguiente:
a.- El Patronato Nacional de la Infancia no está jurídicamente obligado a financiar los Comités tutelares de la niñez y la adolescencia, ya que al ser órganos que pertenecen a las asociaciones de desarrollo comunal, son a éstas y no aquél a quien corresponde su sostenimiento económico.
b.- El Patronato Nacional de la Infancia puede financiar los comités tutelares solo por medio de las asociaciones de desarrollo comunal o solo a través de las Juntas de protección de la niñez y la adolescencia, o por medio de ambas instituciones. (IV.-Conclusiones).
No obstante, esa vía de financiamiento le permite activar al respectivo Comité Tutelar acciones relativas a la protección de la población menor edad de su circunferencia geográfica, sea mediante material bibliográfico u orientativo, actividades de concientización o capacitación en cuanto a los derechos de esa población, compra de accesorios para menores en condición de vulnerabilidad, entre otras.
Las asociaciones culturales
Bajo el amparo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se creó en abril de 2018 la Red Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal para la Gestión Cultural, trabajando en coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y DINADECO, a fin de promover la inclusión social, la educación cultural, la innovación social y para desarrollar capacidades creativas. Específicamente, se crearon espacios comunes entre estas organizaciones para fomentar la cultura, educación y la cooperación en el ámbito comunal mediante la promoción de valores de participación ciudadana y organización. (OEI, 2018).
Posteriormente, en 2019, aquellas mismas organizaciones en conjunto con la Confederación de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), realizaron el acto de reconocimiento a las ADC que trabajan en promoción y gestión cultural, así como los talleres regionales de Alianzas Público-Privadas (APP)2 para organizaciones de desarrollo comunal dedicadas a la promoción y gestión cultural. Y si bien dichas actividades no fueron promovidas directamente por DINADECO, sí se gestaron bajo el alero filosófico e institucional promovido por la Ley 3859.
La esencia de los miembros de las ADC dirigidas a estas actividades la evidencia Martínez al argüir que:
las personas gestoras comunitarias se caracterizan por el compromiso e interés por in-vestigar su memoria histórica comunitaria, y por ello asumen la realización de un proyecto que busca la atención de una necesidad colectiva: fortalecer la identidad cultural y las raíces históricas locales. (2019, p. 27).
En la actualidad, esa Red se desliga de DINADECO en cuanto a su accionar, por cuanto no forma en sí una ADC de grado superior que incluso pueda recibir recursos presupuestarios para sus fines. Se trata más bien de aglutinar personas, entidades, iniciativas o acciones públicas y privadas que fomenten los lazos y el fomento cultual en sentido amplio para las comunidades del país.
La población migrante
No resulta excluyente el poseer una nacionalidad distinta a la costarricense para ser persona agremiada a una ADC o miembro de su Junta Directiva, más aún, desde la promulgación de la Ley General de Migración y Extranjería 8764 se crea mediante su artículo 242 el Fondo Social Migratorio (FSM), dirigido a apoyar el proceso de integración social de la población migrante en los servicios nacionales de salud, educación, seguridad y justicia. En el numeral 6 de ese mismo artículo se dispone que un 5% del FSM se destinará a la promoción y el fomento de la integración de las personas migrantes en las Asociaciones de Desarrollo Comunal, creadas al amparo de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad 3859, y que será el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC) el órgano al que le corresponderá la asignación de estos recursos, por cuanto, afirmó la Procuraduría General de la República en Opinión Jurídica OJ-106-2009, goza de un derecho a recibir el porcentaje ahí prescrito.
Esta promoción y fomento de la población migrante hacia el movimiento comunal ha generado programas como Entre Vecinos, con la intensión de aunar esfuerzos entre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y DINADECO. Este se identifica como:
una propuesta de intervención que busca fortalecer la participación comunitaria con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunitarias en sus diversas expresiones: movimiento asociativo comunal, organizaciones de base, consejos locales vinculados a programas institucionales, grupos ciudadanos interesados. Todo ello, partiendo del concepto de identidades y desde una perspectiva que reconoce la diversidad cultural y los derechos de los habitantes de las comunidades. (DGME/UNICEF, 2012, p. 7).
Dicho programa se basó en el diseño de una propuesta operativa piloto para quince ADC del Gran Área Metropolitana (GAM) con población migrante y refugiada, a saber: Asociación Pro Derechos de la Juventud, ADI de Rincón Grande de Pavas, ADI de La Uruca, ADI de Santa Ana, ADE pro vivienda Barrio San José de Curridabat, ADE pro mejoras de La Capri, ADE pro construcción colegio y mejoras comunales Vista de Mar de Goicoechea, ADE de La Guápil de San Felipe de Alajuelita, ADI de Tirrases de Curridabat, ADI de Ipís de Goicoechea, ADI de Los Cuadros de Goicoechea, ADE pro vivienda de Sagrada Familia, ADE pro vivienda de San Vicente de La Uruca, ADI de la Carpio, ADI de Las Brisas de la Carpio y ADE pro vivienda proyecto Linda Vista de Ipís de Goicoechea. (DGME/UNICEF, 2012, p. 8).
Una plataforma económico-bancaria para el desarrollo comunal
Con base en la necesidad de que DINADECO sirviese no solo de financiador de proyectos comunales de naturaleza variopinta, dada la multiplicidad de requerimientos socioeconómicos, culturales o ambientales de las comunidades, sino también de canalizador de otros actores y fuentes de recursos que incidan en el desarrollo nacional, tal y como prescribe la Ley 3859, se emitieron los cuerpos normativos visibles en la Tabla 1 subsiguiente.
Sin embargo, estas acciones, a pesar de estar orientadas hacia un apoyo gubernativo-bancario que permitiera un engrosamiento del capital social3 de las ADC para la posterior puesta en práctica o continuación de sus proyectos en beneficio de las comunidades, aún no producen estrategias tangibles que permitan una articulación interestatal clara al respecto, permitiendo canalizar recursos financieros de forma más expedita en beneficio del movimiento comunal.
Tabla 1
Distribución de organizaciones comunales por provincia
Nota: Elaboración propia con base en el marco normativo vigente.
Los pendientes: insuficiencias y desatenciones
Un funcionariado innovador para el desarrollo comunal
Son varias las disciplinas académicas las que abonan a la prospección del entorno comunal, aunque no de manera dirigida sino indirecta, cada una aportando trazos de lo que igualmente podría aportar en mayor o menor escala en otros escenarios sociales. Esta ausencia de formación propia para con el ala comunal del desarrollo nacional se anexa parcialmente a lo determinado por Mayorga (2020), cuando no solo sentencia la falta de formación superior para los Emprendedores Sociales –con especial interés en la provincia Guanacasteca, pero igualmente replicable para el resto del territorio–, sino que emplaza a las autoridades de todas las universidades del país, señalando que “hace falta crear conciencia en los rectores, decanos, profesores, universidades públicas y privadas sobre el rol multiplicador que podrían cumplir estas casas de enseñanza de estudio si forman emprendedores sociales.” (2020).
La falta de puentes de cooperación interinstitucional entre DINADECO y las casas de enseñanza públicas y privadas, impide a la primera acceder a fuentes de conocimiento académico y, sobre todo, a una fuerza laboral formada para dedicarse exclusivamente al comunalismo atravéz de sus egresados, los cuales resultan indispensables para la concepción de un verdero y actualizado desarrollo endógeno, acorde con los retos que enfrentan los núcleos comunales del país. Desarrollo ese que, en palabras de Hernández (citado en Corrales, Rojas y Sancho), conlleva:
un modelo socioeconómico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas, es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Por lo tanto, el desarrollo endógeno requiere otorgar la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de los pobladores de la comunidad, la protección del ambiente. Asimismo, su meta requiere orientarse hacia el desarrollo en el nivel local, es decir, de la comunidad, para que trascienda hacia la economía del país. (2017, p. 44).
Los diagnósticos comunales
Campos y González (s/f, p.41) aclaran que durante sus primeros años (1971-1973) DINADECO contó con el apoyo de la Acción Internacional Técnica (AITEC), la cual produjo un informe sobre los puntos críticos que atravesaba la institución en esos momentos: endeble selección de las comunidades que deberían ser sujetas de desarrollo comunal, al igual que un vago desempeño de los promotores sobre cómo materializar el desarrollo comunal. Falencias que hasta cierto punto aún se arrastran, por cuanto la mecánica vigente radica, principalmente, en inscribir en el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad –instituido en el Capítulo IV de la Ley 3859–, a la mayoría de grupos vecinales interesados en constituir una ADI o una ADE, sin determinar previamente la conveniencia socioeconómica de ello.
A lo anterior deben sumársele las carencias formativas de los funcionarios institucionales en cuanto a temas afines al desarrollo comunal, como lo son: diagnósticos socio-comunales, economía del desarrollo, gestión de proyectos, entre otros. Tales carencias las vislumbraron tiempo atrás Mora y Campos (1989) al realizar su investigación desde la disciplina de Trabajo Social en las comunidades alajuelenses de San Antonio de Tejas, Villa Bonita, El Roble, La Guácima y San Rafael, estableciendo entre los retos principales que enfrentaba DINADECO “… la no realización de diagnósticos de las comunidades, ni la actualización de los problemas presentes” (p.39), más aún, sentenciaban las autoras por medio de sus hallazgos lo siguiente:
Hemos revisado bibliografía y sistematizaciones de trabajos de campo referentes a Dinadeco, desde su creación en 1967 y hemos corroborado que a través de todos estos años y actualmente en 1987, continúa vigente la contradicción entre la metodología de tipo educativo que tiene definida Dinadeco y la realización de obras de infraestructura que se promueven. Si bien es cierto, son importantes para la comunidad, deberían servir como vía para realizar un proceso educativo en los pobladores que ayude a su crecimiento en sentido individual y colectivo …
La orientación educativa de Dinadeco debería dirigirse en general a todos los pobladores y en ese sentido, el objetivo actual de capacitar a los dirigentes debe hacerse extensivo a todos los habitantes de la comunidad. Solo de esta manera se logrará hacer una verdadera labor de toma de conciencia, para que los individuos asuman con responsabilidad un papel importante en el futuro desarrollo de su comunidad y por ende de Costa Rica. (Mora y Campos, 1989, p. 39).
De esa transcripción puede extraerse la limitada claridad institucional para conjugar sus labores, por un lado educativo-sociales, y por otro, de generación de obras de infraestructura comunal y el respectivo acompañamiento técnico para la formulación, construcción y mantenimiento de las mismas. Y es que, esa carencia en la generación de diagnósticos, impide dar paso a un desarrollo comunitario contundente, mensurable, que involucre una mayor cantidad de actores sociales indespensables para cristalizarlo, visibles en la Figura 2.
Figura 2
Actores involucrados en el desarrollo local-comunal
Nota. Chanto, López y Villalobos (2017). Elaboración de diagnósticos familiares y comunales. EUNED
En su momento, Campos y Smith determinaron que “La educación para el desarrollo conlleva orientar y desarrollar en los habitantes de la comunidad la comprensión del por qué y para qué de lo que hacen y su revisión con sentido crítico.” (1991, p.164). Esa es, precisamente, una herramienta teórico-metodológica no aplicada por el funcionariado de DINADECO en sus propias intervenciones diagnósticas, ya que, de ser así, se lograría una auscultación comunal eficaz y efectiva4, incluyéndose indicadores irremplazables para “para fundamentar y justificar la política socioeconómica del gobierno y para estudiar y compartir el estado de desarrollo del país, en comparación con otros de la región o del mundo.” (p.136).
Conclusiones
El movimiento social denominado comunalismo tiene su génesis en las Asociaciones de Desarrollo Comunal que, creadas al alero de la ley 3859, son catalogadas de interés público, al tiempo que ostenta una organización escalonada que parte del nivel más básico de desarrollo: la comunidad, hasta alcanzar la totalidad del territorio nacional. De ahí que la institución encargada de velar por el funcionamiento de tales grupos sociales, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, ostente una estructura que pretenda cumplir con ese deber de guía, lo que conlleva brindar sus servicios en todos los cantones del país, sin distingos geográficos, demográficos u horarios (al atender sesiones de juntas directivas o asambleas generales en días sábados o domingos).
Precisamente, el esquema legal de la norma 3859, así como la presencia funcionarial de la institución a nivel nacional, han posibilitado programas de apoyo comunal en beneficio de personas sin vivienda, población migrante, derechos de la niñez y la adolescencia, rescate y promoción cultural, canalización de recursos bancarios, entre otros. Estos, deben considerarse como aciertos institucionales, teledirigidos hacia una población con múltiples fortalezas, pero también con variedad de necesidades que, en momentos de conmemorar doscientos años desde la separación del Reino de España, resultan injustificables, si es que efectivamente se anhela una mejor calidad de vida para los habitantes y ciudadanos del país.
De igual manera, DINADECO resulta una institución que, dado su marco jurídico, está innegablemente llamada a un desempeño más vigoroso para minimizar y erradicar las necesidades poblacionales, pero que continúa presentando falencias que menguan nuevos logros, principalmente, en cuanto a un mayor acercamiento hacia las comunidades bajo criterios técnicos y científicos, y no únicamente basado en lo empírico.
Tales distorsiones difuminan el reconocimiento que otros actores gubernativos y sociales pudiesen tener hacia la institución y hacia el movimiento comunal en particular. Se desaprovecha, por lo tanto, una mejor integración de actores y recursos que bien podrían abonar el desarrollo nacional, tal y como los actuales estudiantes universitarios, quienes resultan ser los(as) futuros(as) profesionales en cuyas manos estarán los destinos de Costa Rica; para quienes entonces les será desconocido el comunalismo como expresión cívica, manifestación por derecho propio de la democracia participativa, resolutor de carencias comunales, orientador de recursos y esfuerzos públicos y privados, y, potenciador de las oportunidades para el desarrollo en los campos educativo, social, económico, ambiental, cultural, de infraestructura, entre muchos otros.
Contrario sensu, emerge no solo el cuestionamiento sobre las condiciones actuales del comunalismo en Costa Rica, sino, la posibilidad de exportar las valías de tal esquema a toda la región centroamericana, con miras a cumplir con las mismas facultades y responsabilidades (expresión de cívismo y de la democracia participativa, etc.) que ya constan para el caso costarricense. De ser así, se abre un abanico de posibilidades para una población que alcanza 58.781.309 millones de personas; todas deseosas de palpar un mejoramiento en su calidad de vida y desterrar cualquier rezago para con la potencia de ultramar de la cual se independizaron hará doscientos años atrás.
Notas
1 En la obra de Tinoco, Arce y Acevedo (1988) se señala hacía dónde debía enfilarse el desarrollo comunal como proceso, como programa y como movimiento, prescribiendo los autores lo siguiente:
El desarrollo busca en un primer momento: la participación organizada, consciente y activa de la población en el proceso social, económico y político del país, asumiendo responsabilidades concretas. En un segundo momento: acortar la distancia entre el Gobierno y el pueblo y obtener la participación, decisión y fiscalización del pueblo en los planes de Gobierno. En un tercer momento: ser un instrumento para las transformaciones estructurales que requiere la Costa Rica de hoy día, en términos de mayor democracia social, económica y política, donde los partícipes y beneficiarios de este proceso sean las grandes mayorías (p. 14).
Por otro lado, valga traer a colación a Baraona y Mora (2017), quienes conciben al humanismo, en un sentido amplio, como la capacida innata del ser humano para elaborar narrativas que considere esenciales o consustanciales para con sí, a partir de una determinada perspectiva cultural, étnica, tribal, nacional, religiosa, etc., lo cual será siempre un proceso constante e inacabado dentro de la evolución sociocultural. Dentro de ese molde conceptual calza perfectamente el comunalismo costarricense como expresión tangible del humanismo, y merece ser reconocido por todas las personas que vivamos en Costa Rica y en todas sus facetas (histórica, legal, programática, funcionarial, etc.) aquí presentadas.
Finalmente, al lector(a) interesado(a) en ampliar sus conocimientos sobre el entorno del movimiento comunal costarricense, se recomienda consultar las obras incluidas en el apartado de Referencias, sobre todo, la de Cayetano (1989), así como nuestro aporte titulado El comunalismo en Costa Rica. Análisis del periodo 1967 al 2020 e importancia en el desarrollo nacional (Bolaños, 2021).
2 Estas no se enmarcan puntualmente en las APP surgidas en Reino Unido a principios de la década del 90, cuya esencia radica en que una entidad del sector privado se compromete a proveer activos de infraestructura pública para periodos de 20 a 30 años, y al terminar pasan al control exclusivo del gobierno (Vicher, 2020, p. 69).
3 El concepto de capital social comunitario resulta de una multiplicidad de factores y elementos que interactúan sinérgicamente, tal y como se desprende de Durston (2000) que, dada la amplitud de esa obra no se incluye en el presente aporte, pero se recomienda su lectura a cualquier persona interesada en profundizar al respecto.
4 Eficaz, porque toda la institucionalidad pública costarricense debe abordar y solucionar de las necesidades comunales; cada institución en su respectivo campo de acción, evitando el atropellamiento entre esas mismas instituciones o la duplicación de sus esfuerzos. De igual manera, debe ser eficiente porque, a pesar de que el abordaje público en la mayoría de los casos no tiene réditos económicos inmediatos –puede considerarse no rentable–, no significa que se esté ante una dilapidación o dilución de recursos públicos, cuando, por el contrario, se solventan otro tipo de apremiantes poblacionales de naturaleza ambiental, educativa, cultural, infaestructural, deportiva, por mencionar sólo algunas.
Referencias
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Campos, C. A. y González, J. L. (s/f). Notas y documentos sobre desarrollo comunal en Costa Rica. Sin datos de edición.
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* Doctor en Ciencias de la Administración; Tutor-Investigador de la ECA-UNED. San José, Costa Rica. Correo electrónico: rbolanos@uned.ac.cr